El Parlamento danés ha aprobado, con carácter de urgencia, una reforma del código penal que permite castigar con dos semanas de prisión a los mendigos que se asienten en lugares públicos, si se considera que generan «inseguridad».

La modificación tiene una doble vertiente: convierte en forzosa la estancia en la cárcel (los indigentes serán arrestados inmediatamente) y elimina el requisito que obligaba a avisar previamente a los afectados en calles peatonales, estaciones de transporte público y supermercados.

La medida salió adelante con los votos del Gobierno conservador (que gobierna en minoría), del Partido Popular Danés (xenófobo y aliado del Ejecutivo) y del Partido Socialdemócrata (líder de la oposición). El Ejecutivo había aprobado recientemente otra ley para permitir a la Policía cerrar campamentos de indigentes que provocasen «inseguridades» en las áreas colindantes, según el primer ministro danés, Lars Løkke Rasmussen. «Esperamos que afecte a muchos criminales extranjeros ambulantes que piden y roban en las calles. Dinamarca no puede ser la oficina social de la Unión Europea«, espetaba el ministro de Justicia, Søren Pape Poulsen.

La medida dejará de tener vigor en tres años de no aprobarse su prolongación en el Parlmanento. La oposición ya ha dicho que hará todo lo posible para obligar al Gobierno a dar marcha atrás en esa propuesta «vergonzosa y discriminatoria».

Algunos de los antecedentes

La reforma se produce semanas después de que varios políticos, entre ellos, la alcaldesa socialdemócrata de Copenhague, criticaron la abundancia de mendigos en las ciudades, sobre todo de etnia gitana. El Parlamento rechazó, sin embargo, una propuesta de la derecha xenofobia consistente en expulsar de inmediato a todos los extranjeros castigados con prisión por mendigar, ya que violarla la legislación de la Unión Europea.

El método danés contra la inmigración

Desde 2015, los sucesivos gobiernos (todos conservadores) de Dinamarca asombran al mundo con sus políticas antiinmigración. La de cárcel para los indigentes es una más para añadir a la siguiente lista:

– Devoluciones en la frontera: inspirada en la medida de Noruega (que no forma parte de la UE), consiste, ni más ni menos, que en cerrar la puerta de entrada al país  —esto es, en la frontera— de aquellos miles de personas que piden protección y que, tras un estrepitoso viaje desde Oriente Próximo y Asia por tierra, mar y aire, han conseguido alcanzar el norte de Europa. Se trata de una medida excepcional —e ilegal para la UE— que el Gobierno asegura sólo aplicará «si se desencadena una situación de crisis que desemboque en demasiada presión en la zona fronteriza, como ocurrió en septiembre de 2015».

–  Controles en la frontera: en los 68 kilómetros de línea divisoria que comparte con Alemania ya no hay libertad de circulación. El Ejecutivo danés quiere ir más allá con esta propuesta y extender durante 2017 los controles entre el país escandinavo y Alemania, algo que deja en entredicho uno de los pilares fundamentales de la UE: el libre movimiento de personas.

– No se libran ni los niños: «Debemos asegurarnos de que sean bien tratados mientras permanezcan en Dinamarca», sostiene el Ejecutivo. Pero si los niños y adolescentes no se comportan, deberán «atenerse a las consecuencias». Los castigos podrían ir desde retirarles la paga que reciben del Estado hasta poner trabas en su proceso de solicitud de asilo o rebajar las limitaciones para un potencial uso de la fuerza —incluida física— contra ellos o registros de sus pertenencias para buscar «drogas ilegales».

– Conseguir residencia: misión imposible: el Gobierno quiere ampliar de seis a ocho años el tiempo necesario de haber vivido en el país para obtener la residencia. Además, «los solicitantes de asilo cuyas solicitudes hayan sido rechazadas no tienen el derecho de residir en el país y deben irse». Algo habitual en otros países salvo por la particularidad de que en Dinamarca existe el estado de tolerado: aquellos cuya solicitud de asilo ha sido rechazada, pero cuya residencia en el país es permitida mientras la situación en el país de origen no permita un retorno seguro.

Todo esto aparece recogido en un documento que el Ejecutivo danés aprobó en 2015, en plena crisis de refugiados: A STRONGER DENMARK