Ser mendigo en Dinamarca está prohibido so pena de 14 días de prisión sin previo aviso. En julio de 2017, el Parlamento danés aprobó esta polémica ley únicamente con el apoyo de la extrema derecha porque consideraba que la mendicidad «incomodaba» a los viandantes. Justo un año después, se pueden evaluar los resultados. Si a priori se adivinaba el carácter xenófobo de la medida, los datos en la mano no dejan lugar a dudas: 52 encarcelados. Todos ellos extranjeros. Ni uno es danés.

Es decir, que en un país con pleno empleo, con uno de los PIB por habitante más altos del mundo y un consolidadísimo Estado del bienestar, los extranjeros pobres y sin permiso de residencia -y por tanto, sin derecho a ayudas públicas- están abocados a la mendicidad y a dos semanas de cárcel si les pillan.

Numerosas ONG han denunciado que este comportamiento por parte del Gobierno danés -de coalición de centroderecha- es «discriminatorio» y dan números. «El 50% de los mendigos de Copenhague son de nacionalidad danesa. Pero el Gobierno ya ha dejado muy claro cuáles son sus prioridades y a por qué clase de personas va. Esas cifras no me sorprenden en absoluto», dice Maja Løvbjer Hansen, abogada de una organización que ayuda a personas vulnerables como los mendigos. Esa clase de personas a las que se refiere la letrada en correo electrónico son, sobre todo, gitanos rumanos. «La mayoría de ellos viene con voluntad de encontrar trabajo en Dinamarca, pero el acceso al mercado laboral es tan difícil sólo por el factor idioma que muchos terminan durmiendo en la calle», dice.

Palabras naturalmente muy distintas a la versión que mantenía el diputado ultraderechista Marcus Knuth cuando se evaluaba la posibilidad de impulsar una ley antimendigos: «Ya es suficiente. Es hora de que trabajemos arduamente contra la plaga de gitanos que ataca Copenhague todos los años». Afirmaba además que «hay extranjeros que únicamente vienen a Dinamarca a pedir, incluso con actitudes agresivas». Esta normativa -rechazada por Socialistas, Verdes, Comunistas y Liberales- no sólo se limita a penalizar con prisión a los que piden en la calle, sino que se hace extensible a quien lo haga en los transportes públicos, estaciones, calles peatonales, zonas comerciales, inmediaciones de supermercados y parques. Es decir, en casi el 100% de la vía pública.

Aunque en Dinamarca no existe un censo oficial de personas sin hogar, la Junta Nacional de Salud y Bienestar estima que en 2017 había unos 6.500 indigentes que pedían limosna en la calle, de los cuales más de 400 carecían de permiso de residencia. Una de las alternativas para estas personas, apunta la letrada Løvbjer, es recoger botellas de plástico y vidrio y canjearlas por monedas, como permite el sistema de reciclaje danés. «Y aunque lo intenten, tampoco les daría para vivir bajo techo y sería un recurso temporal porque la legislación establece que si no tienes permiso de residencia sólo puedes quedarte tres meses. Seis si estás buscando trabajo. Y ese es el plazo con el que cuentas para encontrarlo», explica.

La otra alternativa la vuelve a dar el Ejecutivo: sencillamente, que vuelvan a su casa. «No es justo que los países pobres de la Unión Europea exporten a sus ciudadanos más vulnerables. Rumanía y Bulgaria deberían hacerse cargo de sus propios mendigos». De nuevo, Marcus Knuth en todo su esplendor.