Los experimentos, con gaseosa. El pasado 22 de noviembre, el primer ministro Stefan Löfven, salía en el canal oficial de la web del Gobierno de Suecia con cara de circunstancias y tono preocupado para admitir que la estrategia que adoptó su Ejecutivo y las asociaciones de científicos que le asesoraban no era la correcta: «Está muriendo demasiada gente. Lo que hagamos mal ahora lo pagaremos caro después. Suena duro. Pero la realidad está siendo dura», dijo.

Durante la primera ola de Covid 19, en primavera, Suecia se caracterizó por la poca ortodoxia de sus medidas frente a la inmensa mayoría de países, incluidos sus vecinos nórdicos: frente al confinamiento, se recomendó a la población que guardara cierta distancia social sin que ello cristalizara en ningún protocolo concreto. Anders Tegnell, el principal consejero científico del Gobierno, aseguró que a la larga, un confinamiento global sería más negativo que positivo. «En otoño habrá una segunda oleada. Suecia estará inmunizada y el número de casos será probablemente bastante bajo. Pero Finlandia tendrá un muy bajo nivel de inmunidad. ¿Volverán a decretar confinamiento?», decía al Financial Times refiriéndose a la inmunidad de grupo.

Restaurantes, comercios y gimnasios permanecieron abiertos apelando a la responsabilidad individual. No hubo sanciones económicas puesto que no hubo restricciones. Y el uso de la mascarilla y el teletrabajo, obligatorios en casi toda Europa, allí sólo fueron recomendaciones. El país se convirtió inmediatamente en referente de naciones como Estados Unidos o Reino Unido, que adoptaron una postura bastante más relajada ante la emergencia de la pandemia. Coincidiendo con una ola de solidaridad similar a la que tuvo lugar en España con los sanitarios, entre mayo y junio se registró un pico de mortandad que se cebó con las residencias de ancianos. La escasa seguridad empezaba a molestar a los científicos, algunos de los cuales recibían amenazas o reprimendas si se atrevían a cuestionar la versión oficial en público.

Ahora, tanto administraciones como ciudadanos se han rendido a la evidencia y ya nadie está tan convencido de que el virus se pueda controlar por mucho civismo que haya. El respaldo superior al 60% a la estrategia nacional se ha reducido ahora al 42%, según una encuesta del diario Dagens Nyheter. Suecia, de 10 millones de habitantes, cuenta actualmente con 682 casos por cada 100.000 en los últimos 14 días (frente a España, que tiene 286, e Italia, con 590). Dinamarca tiene 310, Noruega, 116 y Finlandia, 111. Löfven, que al principio de la pandemia no dejaba que nadie ajeno a la Agencia Pública de Salud y a Tegnell informara sobre la toma de decisiones, tomó las riendas y redujo de 50 a ocho el número máximo de personas en las reuniones sociales públicas, recomendó evitar el transporte público y las tiendas y anunció que los institutos cerrarán hasta enero y que las clases se seguirán de forma online.

Tegnell, por su parte, dio a entender que las diferencias de opinión no tienen nada que ver con una guerra interna con el Gobierno y que Suecia está acostumbrada a depender de la confianza mutua y en el consenso, que se fomenta desde las propias instituciones. Sin embargo, la nueva ola ha dejado al descubierto grietas de sobra conocidas en el resto de Europa: un Ejecutivo rechazando «excusas por parte de la población», una población que se queja de que las nuevas instrucciones cambian cada poco tiempo y de su falta de sentido al ver los bares y las grandes superficies abiertas, y centros sanitarios desbordados con sus trabajadores al borde del colapso físico y emocional. «Ya hemos visto esta pesadilla. Y ahora vuelve a repetirse», decía una enfermera en un reportaje de Sveriges Radio. Al fin y al cabo, nadie es tan diferente.