Los refugiados que deseen recalar en Dinamarca para tener una vida mejor lo tendrán ahora aún más difícil gracias a la medida de gracia aprobada en el Parlamento por el Ejecutivo de Mette Frederiksen. El país, conocido por sus durísimas políticas antiinmigración, ha puesto en marcha un programa por el que el Gobierno enviará a los migrantes que solicitan asilo a un país fuera de Europa que actuará como subcontratista, aunque no ha trascendido la cantidad de dinero que Dinamarca pagará a cada uno de estos países.

«De esta manera, esperamos que la gente deje de buscar asilo en nuestro país»

Rasmus Stoklund, portavoz de Inmigración

El texto ha sido aprobado este jueves por 70 votos a favor, entre los que se encuentran los de la derecha y la extrema derecha, y supone un auténtico giro de timón en el Partido Socialdemócrata, en el poder desde 2019. Una campaña que ganaron gracias, entre otras promesas, a su compromiso de mantener la mano dura contra la inmigración, legal o ilegal. «Si alguien solicita asilo en Dinamarca ha de saber que será enviado a un país fuera de Europa. Esperamos que de esta manera la gente deje de buscar asilo en nuestro país«, ha dicho el portavoz de Inmigración, Rasmus Stoklund. «Yo lo entiendo», ha añadido, «pero no puede ser».

El ministro de Integración y Extranjería danés, Mattias Tesfaye, ha asegurado que los acuerdos que Dinamarca establezca con terceros países respetarán las obligaciones internacionales danesas y que la norma es completamente legal. Algo que ha desatado las dudas, las iras y la preocupación más allá de las fronteras del país. La prensa danesa ha citado a Egipto, Eritrea o Ruanda como posibles países receptores de refugiados, aunque todavía no hay ningún acuerdo cerrado.

De acuerdo con la ley, todo solicitante de asilo en Dinamarca, una vez registrado y salvo raras excepciones, como en casos de enfermedad grave, será enviado a un centro de acogida en un país de fuera de la Unión Europea. Si allí no obtiene el estatuto de refugiado, se le invitará a regresar a su país de origen. Quienes obtengan el derecho de asilo no regresarían a Dinamarca, sino que se quedarían como refugiados en el país elegido (y financiado) por Dinamarca.

El objetivo final, según se vendió en las pasadas elecciones generales, es llegar a una cuota de «cero refugiados». Esa política pasa por retirar el permiso de residencia a los sirios cuyas regiones de origen se encuentran en una «situación de seguridad» (según el criterio del Ejecutivo danés) y por endurecer la ley antigueto, con la que se pretende que el número de habitantes «no occidentales» en los barrios del país no supere el 30%.

Preocupación de ONG y Comisión Europea

No han tardado en saltar las alarmas entre las ONGs, la Comisión Europea y la oposición danesa, muy disgustada con Mette Frederiksen desde que apoyó el endurecimiento de las políticas migratorias del anterior gobierno de derechas. Unas políticas que coincidieron en tiempo y forma con la crisis de los refugiados y que agravó un sentimiento de odio contra los extranjeros. Todas las voces han tildado la norma de irresponsable e insolidaria.

«Con un cambio tan drástico en la legislación, Dinamarca está llamando a provocar un efecto dominó en otros países europeos», ha advertido el representante de ACNUR en Escandinavia, Henrik Nordentoft. Desde la Comisión Europea, la ley también se ve como un auténtico zarpazo a los derechos humanos. «No es legal ni posible con las normas actuales de la UE para migración y asilo», ha dicho el portavoz de la Comisión Europea, Adalbert Jahnz. «El procesamiento externo de solicitudes provoca preguntas sobre el proceso y el acceso a la protección efectiva».